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La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma la Ley Aduanera

 

México (Newsmexico.com.mx).-    La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera, relativo a fortalecer y modernizar la legislación, mejorar la competitividad y combatir la evasión y elusión fiscal.

En lo particular, fue avalado con 324 votos a favor, 113 en contra y cero abstenciones, en términos del dictamen que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la que la Comisión de Hacienda y Crédito Público le hizo modificaciones.

Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC presentaron reservas, mismas que fueron retiradas o no fueron aceptadas por el Pleno, por lo que se desecharon.

Los artículos propuestos de modificación fueron: 1, 2, 6, 10, 14, 14-B, 15, 17, 32, 36-A, 37-A, 49 Bis, 52, 53, 54, 59, 61, 79, 86-A, 87, 88 Bis, 88 Ter, 89, 89 Bis, 92, 94, 100-A, 100-C, 106, 107, 127, 129, 135, 135-A, 135-B, 144-A, 146, 150, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 159 Bis, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167-D, 167-J, 176, 178, 182, 183, 183-A, 184-B, 184-D, 185 y 187 del proyecto de decreto.

De igual modo, los artículos transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo.

El documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, agrega requisitos de control y vigilancia digital para obtener la autorización de recintos fiscales, fiscalizados y estratégicos; señala que la patente de Agente Aduanal tendrá una vigencia de 20 años y deberá certificarse cada 3 años.

Crea el Consejo Aduanero, presidido por la persona titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El Consejo conocerá y resolverá respecto al otorgamiento, suspensión, cancelación y extinción de la patente, así como de la inhabilitación del agente aduanal y de la autorización, inhabilitación y cancelación de la agencia aduanal, y de sus prórrogas.

Establece un procedimiento simplificado para empresas de mensajería y paquetería que realicen despacho aduanero. Añade supuestos por los cuales se considera cometida una infracción, e impone sanciones más severas para los recintos fiscalizados estratégicos cuando permitan la salida de mercancías sin que para ello se cumplan las formalidades para su retorno al extranjero.

REFORMA ADUANERA IMPLICA MILITARIZACIÓN Y OPACIDAD: PRI

En  posicionamiento ante el pleno de la Cámara de Diputados, la legisladora federal priista Lorena Piñón Rivera calificó la nueva Ley Aduanera como "un instrumento de control político y opacidad administrativa" que lejos de modernizar el sistema aduanal mexicano, lo convierte en "trincheras de control político y financiero".

La diputada veracruzana advirtió que la reforma impulsada por el oficialismo representa un retroceso hacia "una lógica burocrática, punitiva y militarizada" que contradice las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Aduanas.

Durante su intervención señaló que el Grupo Parlamentario del PRI, con el liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas y la coordinación de Rubén Moreira, rechaza categóricamente una iniciativa que "lejos de combatir la corrupción, la institucionaliza". La legisladora denunció que la reforma carga toda la responsabilidad sobre los agentes aduanales, tratándolos "como potenciales delincuentes, obligados a asumir obligaciones patrimoniales y fiscales propias de servidores públicos, sin gozar de sus derechos ni garantías".

Uno de los señalamientos más contundentes  fue la desproporcionalidad del esquema sancionador: "¿Qué eficiencia puede surgir de un sistema que triplica las multas hasta el 300% del valor de la mercancía, violando el principio de proporcionalidad reconocido por nuestra Constitución?", cuestionó. Piñón Rivera argumentó que esta política "no incentiva la legalidad; incentiva el miedo, encarece los precios, entorpece la logística y golpea la competitividad nacional".

Asimismo expresó especial preocupación por el impacto que tendrá la reforma en su entidad, históricamente puerta del comercio exterior del país. "El Puerto de Veracruz, emblema histórico del libre intercambio, será ahora vigilado no por inspectores civiles, sino por mandos militares. Esta militarización no garantiza seguridad: garantiza opacidad", sentenció la legisladora, advirtiendo que las pequeñas y medianas empresas, exportadores del sector agroalimentario e industriales veracruzanos "enfrentarán más costos, más trámites y menos certidumbre".

CON MORENA, LAS ADUANAS HUELEN A GASOLINA ROBADA Y A CORRUPCIÓN

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la diputada federal Eva María Vásquez Hernández, del Grupo Parlamentario del PAN, lanzó una crítica frontal al dictamen de la Ley Aduanera enviada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, al afirmar que “el dinero no tiene olor, pero con Morena las aduanas huelen a gasolina robada, a corrupción y a complicidad”.
Eva María advirtió que el gobierno pretende perfumarse con discursos de modernización, cuando en realidad busca “recaudar más a costa de los que sí cumplen y seguir tapando el saqueo monumental que ellos mismos reconocieron”.

“El propio gobierno admitió que hay un huachicol fiscal de 600 mil millones de pesos. Seiscientos mil millones que se pudieron usar para construir 171 hospitales, 7 mil 500 escuelas, 400 mil patrullas o medicinas para 12 millones de personas con enfermedades crónicas. Eso es lo que le robaron a México, y eso es lo que esta ley no toca ni con el pétalo de una coma”, sentenció.

La diputada denunció que la nueva ley mantiene el mismo sistema de corrupción y control político sobre las aduanas: “Hablan de agilizar, pero la llenan de requisitos, sanciones y burocracia. Hablan de transparencia, pero conservan el manto de opacidad donde florece la corrupción. Y lo más insultante: dicen que combaten el huachicol, pero dejan intacto el que ellos mismos operan desde el poder.”

Explicó que el huachicol fiscal no se comete en ductos, sino en puertos: “No lo hacen delincuentes con bidones, sino funcionarios con gafete. No perforan tubos, falsifican facturas. Barcos enteros declaran ‘aceite lubricante’ para no pagar impuestos, con la complicidad de funcionarios que siguen en sus puestos. Eso no es rumor, es una operación documentada que le cuesta al país cientos de miles de millones cada año.”

La legisladora por Baja California criticó además la militarización de las aduanas, al señalar que “castigan al que cumple y protegen al que roba”. “Endurecen sanciones para exportadores y duplican trámites para agentes aduanales, pero no hay una sola línea que sancione a quienes permitieron el saqueo desde dentro”, dijo.

 

 

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