Las elecciones del 2027 llenas de incertidumbre: Observatorio Permanente de Integridad Electoral

México (Newsmexico.com.mx).-  Este es el primer informe del Observatorio Permanente de Integridad Electoral (OPINE) sobre el proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán: 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y cerca de dos mil ayuntamientos y alcaldías; alrededor de 20 mil cargos que decidirán más de 100 millones de personas inscritas en la lista nominal en 176 mil casillas.

El informe tiene como objetivo documentar las condiciones en las que arranca la contienda y fijar, desde el inicio, el estándar con el que el Observatorio evaluará a las autoridades y a los actores políticos durante los próximos nueve meses. Este primer informe reporta que la elección de 2027 arranca en un contexto de incertidumbre institucional que no tiene precedente desde la creación del árbitro electoral autónomo en 1996.

No se trata de incertidumbre sobre la capacidad técnica del Instituto Nacional Electoral (INE) para instalar casillas, contar votos o producir resultados preliminares. Esa capacidad existe y sigue siendo uno de los activos más sólidos del país. La incertidumbre es de otra naturaleza: recae sobre la independencia, la integración y la consistencia de criterios de quienes toman las decisiones que definen la equidad de la contienda y la certeza de sus resultados.

El informe documenta esa incertidumbre en cinco frentes: Primero, la integración de las autoridades. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) inicia el proceso con cinco de sus siete magistraturas, tras la conclusión de Janine Otálora (octubre de 2025) y la renuncia de Mónica Soto (efectiva el 31 de agosto de 2026), y sin un mecanismo constitucional claro para cubrir las vacantes antes de la elección de 2028.

Tres de sus cinco integrantes actuales, designados por el Senado en 2016, calificarán la elección de 2027 con la posibilidad, abierta por la reforma constitucional publicada el 2 de junio de 2026, de contender por un nuevo periodo en 2028.

En el INE, la Secretaría Ejecutiva quedó vacante el 9 de septiembre, un día antes del inicio formal del proceso, y fue cubierta por decisión unipersonal de la Presidencia del Consejo General; los titulares de las áreas de Fiscalización, Prerrogativas, Asuntos Jurídicos, Organización y Servicio Profesional fueron designados en abril sin votación del Consejo, en ejercicio de una atribución creada en 2024.

Doce tribunales electorales locales operan con vacantes que el Senado no ha cubierto desde octubre de 2025, y el INE tiene pendientes 7 presidencias y 16 consejerías de organismos públicos locales (OPLE) a designar antes del 2 de noviembre. Segundo, el patrón de votación.

Se revisaron 550 resoluciones emitidas por el Consejo General del INE y 1,450 sentencias la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todas ellas emitidas durante 2026, en ambos casos encontramos un patrón común y constante, votaciones dividas.

En el INE se han registrado 89 votaciones dividas, las cuales se emitieron en 22 de las 40 sesiones llevadas a cabo este año. Entre las decisiones que identificamos como sensibles para la integridad de la elección advertimos que una mayoría de votaciones han sido de 7 votos a favor y 4 en contra o de 6 votos a favor y 5 en contra. Por lo general el bloque mayoritario está integrado por la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, el consejero Jorge Montaño y la consejera Norma Inés de la Cruz, así como las consejerías recién nombradas: Arturo Chávez, Blanca Cruz y Frida Gómez. El bloque minoritario lo conforman: Martín Faz, Arturo Castillo, Carla Humprey y Rita Bell.

El consejero Uuc-Kib Espadas es el que más ha votado con ambos bloques. En el TEPJF, identificamos 146 votaciones no unánimes. En la gran mayoría de los casos (114) el magistrado Reyes Rodríguez ha sido el que ha quedado en minoría, frente al bloque mayoritario conformado por los magistrados Gilberto Bátiz, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, hasta el 31 de agosto Mónica Soto también era parte de esta mayoría.

En algunos casos este bloque se dividía y las votaciones eran 4-2 o incluso algunas han llegado a ser 3-2 después de la salida de Soto. Disentir es parte de la colegialidad y la disidencia de una magistratura no es, por sí misma, un parámetro de integridad; lo relevante es que hay decisiones relevantes que se han tomado en preparación del proceso electoral y que exigen discusiones de fondo que no se han tenido, así como votaciones previsibles por parte de varias magistraturas.

Una autoridad colegiada cuyas votaciones son predecibles con independencia del caso deja de funcionar como árbitro y empieza a funcionar como jugadora de la contienda electoral.. Tercero, el desmontaje de controles de certeza y equidad.

En los diez días previos al inicio del proceso, la mayoría del Consejo General del INE aprobó, en votaciones divididas, tres decisiones que revierten controles vigentes: la reducción de los plazos de capacitación electoral y la sustitución de la compulsa institucional de servidores públicos por una simple declaración bajo protesta (Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, 31 de agosto); la eliminación del cruce de las solicitudes de observadores electorales con la base de datos de Servidores de la Nación (3 de septiembre), revocada después por la Sala Superior y acatada por el Consejo General el 29 de septiembre; y la flexibilización, y en la práctica la omisión de atención, del mecanismo de evaluación de las boletas sin marcas de doblez, a través de una revisión de caso por caso de 300 consejos distritales (3 de septiembre).

En paralelo, la misma mayoría se negó dos veces, en mayo y en julio, a emitir lineamientos sobre los procesos internos partidistas adelantados que hoy operan como precampañas abiertas. Cuarto, la asfixia presupuestal como instrumento de control. El INE aprobó un anteproyecto de 31,432 millones de pesos de gasto operativo para 2027 (47,011 millones sumando prerrogativas y presupuesto precautorio); la Presidencia de la República lo calificó de "exagerado" y fijó públicamente un techo, y la mayoría legislativa anunció recortes antes de que la Cámara reciba el proyecto.

El propio Instituto ya redujo plazos de capacitación por "racionalidad" antes de conocer su presupuesto. En los estados, el OPLE de Colima está en riesgo alto y seis más (Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán) en riesgo medio por recortes de sus congresos locales, cuatro de ellos con elección de gubernatura. Quinto, la captura institucional como riesgo principal.

El informe sostiene, con base en conducta observable y no en intenciones atribuidas, que el conjunto de estos hechos configura lo que la literatura llama captura institucional: la apropiación de los puestos, los presupuestos y las decisiones de los órganos de control por parte de la coalición gobernante.

Los indicadores externos coinciden: V-Dem clasifica a México como "autocracia electoral" y lo ubica entre los diez países con mayor deterioro democrático; el Electoral Integrity Project registra la caída más pronunciada de México en la dimensión de adjudicación electoral, de 84 puntos en 2018 a 59 en 2024.

El informe aplica el marco teórico y las siete variables de integridad electoral definidos en la metodología del OPINE, publicada por separado en nuestra página, con las que clasifica cada decisión revisada, y ofrece una reflexión específica sobre el modelo de integración de los OPLE y de los tribunales electorales locales.

Concluye con recomendaciones dirigidas al INE, al TEPJF, al Senado y a los congresos locales, a los partidos y a la sociedad civil, entre las que destacan: restablecer la compulsa institucional de servidores públicos en la observación electoral y en la integración de casillas; fijar un criterio único y previo sobre las boletas sin doblez; emitir lineamientos sobre procesos partidistas anticipados antes del inicio de las precampañas; cubrir las vacantes de la Sala Superior, de los tribunales locales, y de los OPLE; y aprobar el presupuesto electoral sin condicionamientos políticos.

Desde el OPINE nos propusimos como objetivo que ninguna decisión que afecte la integridad de la contienda pase sin ser documentada, contrastada con la ley y con los estándares internacionales, y sometida al juicio público. Ese es el compromiso con el que el Observatorio inicia el proceso electoral 2026-2027. Todas las afirmaciones de este resumen están documentadas, con sus fuentes primarias, en las secciones correspondientes del informe y en la matriz de decisiones del evaluador.opine.org.mx.

A finales de octubre de 2026 el OPINE presentará un análisis especial de todas las decisiones del Consejo General del INE y de la Sala Superior de 2023 a 2026, con información objetiva y verificable: una valoración cuantitativa del periodo completo y el análisis cualitativo de las cincuenta sentencias más relevantes.

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