Organizaciones de la sociedad civil presentan 11 propuestas de acción para un Sistema Alimentario Saludable, Sostenible y Justo

México (Newsmexico.com.mx).- Organizaciones de la sociedad civil que integran La Alianza por la Salud Alimentaria (ASA) presentaron el documento “Llamado para la construcción de un sistema alimentario saludable, sostenible y justo”, en el cual se dan a conocer un conjunto de 11 propuestas para la formulación e implementación urgente de una política alimentaria y de salud integral, transversal, interinstitucional y transexenal para enfrentar la epidemia de obesidad que afecta a la mayor parte de la población, la malnutrición en todas sus formas, la inseguridad alimentaria que impacta a las familias más pobres, especialmente rurales e indígenas, la crisis ambiental y priorizar el cuidado de la cultura alimentaria.

A pesar de algunos avances recientes, como el nuevo etiquetado frontal de advertencia, la publicación de los nuevos lineamientos que prohíben la chatarra en escuelas y la prohibición del maíz transgénico, es crucial seguir trabajando para enfrentar los retos que afectan a la salud y bienestar de la población, especialmente de las niñas, niños y adolescentes, así como de las comunidades rurales. El documento subraya la urgencia de medidas que protejan el derecho a la alimentación, al agua de calidad y a un entorno saludable.

Julieta Ponce, de COA Nutrición, destacó la importancia de implementar la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible y garantizar el derecho a la información: “Es urgente que se elabore y publique el reglamento de la LGAAS para que las políticas alimentarias tengan un impacto real en la población. Además, la ampliación del etiquetado frontal es esencial para que los consumidores puedan tomar decisiones informadas”.

Por su parte, Doré Castillo, de Salud Crítica, señaló la necesidad de proteger a la infancia en los entornos escolares y frente a la publicidad de productos no saludables: “Poner en marcha la transformación de las escuelas en entornos seguros y saludables es clave para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes. Además, debemos proteger a los menores de la publicidad de alimentos ultraprocesados en todos los medios de comunicación tradicionales y en especial en los nuevos medios digitales, pues el marketing de vigilancia basado en datos es una amenaza para su bienestar, salud y seguridad”.

Katia García, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, subrayó la urgencia de promover, proteger y apoyar la lactancia materna en adhesión a las directrices del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna: “La lactancia materna en México se ha visto afectada, en gran medida, por la publicidad e intervención de la industria de fórmulas comerciales infantiles, poniendo en riesgo la salud y vida de las niñas y niños”. Además, indicó la necesidad de fortalecer la participación ciudadana y la organización comunitaria para garantizar la alimentación saludable y sustentable, el acceso al agua de buena calidad y un medio ambiente sano.

Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, hizo un llamado a reforzar los impuestos a bebidas azucaradas y ultraprocesados: “La fijación de impuestos a productos dañinos ha demostrado reducir su consumo, pero debemos incrementarlos como en otras naciones y etiquetas los recursos para el bienestar de la salud de los grupos más vulnerables”. Habla de la importancia de diseñar y aplicar lineamientos de conflicto de interés en las entidades gubernamentales en la toma de decisiones para las políticas alimentarias y medioambientales

Nathalie Seguin, de FAN México, hizo un llamado urgente para abordar la crisis de acceso a agua de calidad en México, que afecta a millones de personas, especialmente en comunidades rurales y periurbanas. Señaló que, “en un análisis de 27,000 dictámenes de calidad del agua en escuelas realizado entre 2016 y 2019, se hallaron contaminantes que ponen en riesgo la salud de millones de estudiantes. Además, al menos el 39% de los municipios del país recibe agua contaminada con coliformes fecales y/o metales pesados, debido a causas hidro-geológicas y antropogénicas.” Por ello, urgió a legislar una nueva Ley General de Aguas para combatir la contaminación y garantizar agua de calidad para todas y todos.

Por su parte, Monserrat Téllez, de Semillas de Vida, llamó a defender la protección del patrimonio biocultural y la diversidad genética de maíces nativos ante el panel de controversias con Estados Unidos, en materia de maíz genéticamente modificado, además de proteger la seguridad y soberanía alimentaria ante presiones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T- MEC). “El maíz es un elemento central de la cultura y la alimentación de México. Debemos protegerlo de la presión internacional y asegurar que el maíz transgénico no comprometa nuestra soberanía alimentaria”.

Las 11 propuestas de la Alianza por la Salud Alimentaria se resumen a continuación:

Impulsar la implementación urgente de la Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible, con su respectivo marco regulatorio.

Garantizar la protección, promoción y apoyo de la lactancia materna en adhesión a las directrices del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.

Asegurar entornos escolares saludables para niñas, niños y adolescentes que permitan el acceso a una alimentación adecuada y sostenible y al agua de buena calidad.

Atender de forma prioritaria la falta de acceso al agua de buena calidad y saneamiento, especialmente en zonas rurales y periurbanas, y abordar la crisis en el modelo de gestión del agua, provocada por el acaparamiento, contaminación y sobrexplotación hídrica.

Garantizar el derecho a la información de los consumidores por medio de un etiquetado obligatorio, claro y sencillo de productos y alimentos.

Proteger a las niñas, niños y adolescentes del mal uso de sus datos personales y de la publicidad que promueve el consumo de productos dañinos a la salud humana y planetaria, en todos los medios de comunicación exteriores, digitales, internet y redes sociales.

Fortalecer la fijación de impuestos especiales de comestibles ultraprocesados, bebidas azucaradas y productos que dañan la salud, de acuerdo con las recomendaciones internacionales y la evidencia local.

Avanzar en la aplicación y supervisión del Decreto presidencial que prohíbe el glifosato y la siembra y consumo humano de maíz genéticamente modificado, para garantizar la protección de la salud humana, el medio ambiente y el patrimonio biocultural.

Proteger la seguridad y soberanía alimentarias mediante la exclusión del maíz, el frijol y otros alimentos básicos del T-MEC durante la revisión del tratado.

Fortalecer la participación ciudadana y la organización comunitaria para garantizar la atención primaria en salud, la alimentación saludable y sustentable, el acceso al agua de buena calidad y saneamiento digno y un medio ambiente sano.

Establecer un mecanismo de monitoreo y denuncia de la interferencia corporativa de diferentes industrias en las políticas públicas.

Es imperativo que el nuevo gobierno enfrente estos retos de forma urgente para proteger los derechos fundamentales de la población y garantizar un futuro sostenible para las generaciones actuales y venideras. Un enfoque integral y audaz es necesario para rectificar las injusticias históricas y proteger el sector agroalimentario de manera equitativa y sostenible. La acción inmediata no sólo evitará mayores crisis, sino que también reafirma el compromiso con una sociedad justa.

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