OSC’s presentan 11 ejes para la construcción de una política migratoria y de asilo en México

México (Newsmexico.com.mx).- Organizaciones, redes, activistas, defensoras y acompañantes de la población en situación de movilidad humana en México lanzamos la iniciativa “11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, 2024 – 2030”, un esfuerzo que busca generar un consenso entre las fuerzas políticas, sociales y empresariales y colocar en el centro de la agenda nacional las necesidades de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, apátridas, con protección complementaria, retornadas, deportadas y mexicanas residentes en el extranjero.

A través de 11 ejes temáticos, el documento busca atender el contexto actual, donde la contención y deportación, sin importar los costos humanos, son la regla en México. La actual forma de abordar la movilidad humana requiere de acciones concretaspara enfrentar los desafíos desde todos los sectores de la sociedad mexicana, en donde la protección e integración de las personas en situación de movilidad sea la base para la prosperidad sostenible y el enriquecimiento cultural de la sociedad mexicana.

Esta iniciativa invita a las personas tomadoras de decisión del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de esta nueva administración, y al sector privado a construir políticas y medidas en materia de migración y asilo que se centren en la protección y garantía de derechos y no en la contención de la migración.

Cada eje emite una serie de recomendaciones viables y alcanzables a los tres poderes, para garantizar un México incluyente y diverso en el corto plazo. Los ejes incluyen la construcción de una política de integración sostenible mediante la cual los derechos de las personas en contextos de movilidad humana sean respetados, protegidos y garantizados; el fortalecimiento del sistema de asilo, con la garantía de que la entidad pública especializada cuente con autonomía y capacidad institucional suficiente para responder a los desafíos actuales; la atención y reducción de delitos y violaciones a los derechos humanos cometidos en contra de personas en contextos de movilidad; la eliminación de la privación de la libertad por razones migratorias y puesta en marcha de medidas que garanticen la libertad de las personas durante cualquier procedimiento administrativo o de asilo en territorio mexicano; la prevención, atención y erradicación de la discriminación racial en contra de personas en situación de movilidad; la desmilitarización del control migratorio; la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad; y la transversalización de la perspectiva de género en la política migratoria y de asilo; y la atención integral a la violencia basada en género, además de algunas recomendaciones sobre la política binacional y exterior de México.

México ha experimentado un incremento en la detención migratoria de personas presentes en los flujos mixtos en la última década. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en 2014 recibió 2,137 solicitudes de asilo; para 2021 se convirtió en el tercer país en el mundo con mayor número de solicitantes (131,000); y para 2023 fueron 140,812 solicitudes. Mientras que la Secretaría de Gobernación señala en sus estadísticas que en 2014 se registraron 127,149 eventos de detención migratoria, y para 2023, 778,907. De enero a julio de 2024 van 828,505, 262% más que en el mismo periodo de tiempo de 2023.

Durante su tránsito por el país miles de personas se enfrentan a la contención que el Estado mexicano aplica a través del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional y otros cuerpos militares y policiales. El incremento de retenes y puntos de control migratorio las coloca en situaciones de alta vulnerabilidad, ya que las deja a merced del actuar de los grupos criminales, viajando por vías más inseguras, hacinadas en tráileres, y expuestas a ser víctimas de extorsión, secuestro, tráfico y trata de personas.

Es urgente abordar la gestión de la movilidad humana desde una perspectiva de derechos, interseccional y de integración sostenible con el objetivo de que todas las personas que decidan migrar o se vean forzadas a dejar su lugar de origen o regresar al país, reciban la protección y garantía de sus derechos, así como seguridad en las localidades de acogida, tránsito o destino.

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