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Despojo, amenazas y Asociación delictuosa suben de penas corporales en la CDMX: Congreso capitalino
El Congreso capitalino aprobó incrementar la pena mínima del delito de despojo de 5 a 6 años y la máxima de 10 a 11 años y 200 mil UMA de multa a quien ocupe un inmueble ajeno por medio de violencia física o moral, y se aumenta de 7 a 11 años si se comete en contra de persona mayor de 60 años, con discapacidad, menor de edad, mujer embarazada o perteneciente a comunidad indígena. Además, se adicionan como métodos de comisión, la simulación de actos jurídicos y la suplantación de identidad, y se sancionará a quien mantenga la ocupación del inmueble tras ser requerido por alguna autoridad. Al fundamentar el dictamen aprobado a nombre de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, la congresista María del Rosario Morales Ramos (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) puntualizó que “el despojo es arrebatarle a una persona el hogar donde construyó su historia, la tierra que le heredaron sus padres”, situación que deja a quienes son victimas de este delito, en la indefensión. Agregó que, para atender de raíz esta situación, la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, instaló el Gabinete de Seguridad que ha permitido devolver 196 inmuebles a sus legítimos propietarios y asegurar 265 inmuebles. Estas reformas normativas “servirán reforzar el marco jurídico, de actuación de las autoridades responsables, y para seguir combatiendo este lamentable delito que golpea en lo más profundo de las familias”, aseveró. La legisladora Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) expresó que este dictamen refuerza el marco jurídico para prevenir y sancionar el delito de despojo en la CDMX, especialmente de las familias vulnerables, “es una forma concreta de garantizar derechos humanos, justicia social y seguridad para todas y todos. El despojo es más que un delito patrimonial, es una herida profunda a la dignidad de las personas, significa arrebatarle su hogar, su espacio vital y su tranquilidad que fueron fruto de su esfuerzo”. El legislador Israel Moreno Rivera (PVEM) mostró su apoyo y reconocimiento a la jefa de Gobierno por su trabajo para la regulación de estos temas. Reconoció que los niveles de despojos han aumentado en estos últimos años, y señaló que esta reforma será de gran utilidad para las personas que buscan proteger su patrimonio. El diputado Diego Orlando Garrido López (PAN) agradeció que se haya incluido la propuesta de su grupo parlamentario para sancionar con más dureza este delito y brindar certeza jurídica al patrimonio de la población, ante el incremento de este ilícito, ya que en los últimos 7 años se llegó a 29 mil carpetas de investigación, “estamos hablando que se cometen 12 despojos al día en esta ciudad”. Por su parte, el congresista Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra (MORENA) aseveró que esta reforma es fundamental para la protección del patrimonio de quienes habitan en la capital, además, fortalece la prevención y sanción del delito de despojo de bienes inmuebles que afecta a sectores vulnerables de la sociedad como adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres. Al señalar que se da un paso importante en la defensa de las familias capitalinas ante una de las formas más crueles de violencia patrimonial, la congresista Daniela Gicela Álvarez Camacho (PAN) indicó que sólo en los primeros siete meses de 2025 se han abierto 2 mil 245 carpetas; y sólo el uno por ciento de las 21 mil que existen, han sido judicializadas. “Nosotros hemos acompañado a más de 47 víctimas sin que hayan podido encontrar empatía y justicia; su lucha seguirá siendo la nuestra hasta que los culpables paguen”. YA NO ANDES AMENAZANDO El pleno del Congreso local aprobó el dictamen a la iniciativa para reformar el artículo 209 del Código Penal del Distrito Federal, suscrita por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y la iniciativa para reformar diversas disposiciones del Código Penal local, suscrita por la diputada Tania Nanette Larios Pérez (PRI), relativas a amenazas. El documento aprobado expone que las amenazas constituyen una de las manifestaciones más frecuentes de violencia y un mecanismo de intimidación que coloca a la víctima frente a la posibilidad real o aparente de sufrir un daño en su persona, bienes o personas con quienes mantiene vínculos afectivos o familiares. En su presentación, la diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya (PT) expuso que, a pesar de los avances y sanciones contra la violencia de género, esta sigue siendo una de las principales causas de lesiones leves, graves y muerte de mujeres. Señaló que esta reforma tiene en su esencia una perspectiva de género, y busca ser consistente con el derecho a la seguridad, la integridad personal y a una vida libre de violencia. En tribuna, el legislador Ricardo Rubio Torres (PAN) comentó que esta violencia tiene el potencial de generar miedo, control y daño profundo, principalmente en mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad. Dijo que la reforma ayuda a reconocer las amenazas como delito e imponer sanciones graves, que se agravan cuando se trate de difusión y contenido sexual sin consentimiento. “Esta modificación refuerza el mensaje de que la libertad de expresión jamás puede usarse como escudo para la violencia”. INCREMENTAN SANCIONES A LA ASOCIACIÓN DELICTUOSA El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen a la iniciativa para reformar el artículo 253 del Código Penal local, presentada por la jefa de Gobierno, Clara Marina Brugada Molina, a fin de incrementar la pena del delito de asociación delictuosa, es decir, cuando la comisión de delitos se lleve a cabo por un grupo de personas organizadas de manera permanente para delinquir. A nombre de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, su presidente, el diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA), explicó que es relevante implementar acciones para salvaguardar la vida, el patrimonio y la integridad de las personas que se ven afectadas por la delincuencia organizada. “La delincuencia es un fenómeno grave y más aún cuando se agrupan tres o más personas en una banda para cometer un ilícito determinado”, ya que se genera un estado de inseguridad entre las personas y aumenta la magnitud del peligro. Al presentar el dictamen, el diputado Martínez Urincho informó que al menos el 10 por ciento de las personas detenidas “se han vinculado con un grupo o banda dedicada a la comisión de delitos”. Al razonar su voto, la diputada Diana Barragán Sánchez (PT) aseguró que con esta reforma se ataca a las asociaciones, bandas o pandillas que delinquen y dañan el tejido social y la tranquilidad de miles de familias, además amplía las agravantes para sancionar a quienes participan directamente, organizan, administran o supervisan estas agrupaciones, “porque son ellos quienes sostienen su permanencia y expansión”. El diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) expresó que esta reforma representa una respuesta firme, proporcional y racional por parte del gobierno para combatir al crimen organizado. Señaló que es una actualización necesaria frente a una realidad que ha superado la capacidad preventiva de las normas actuales, al castigar la unión ilícita, la explotación del miedo y la manipulación de quienes conviertan la violencia en un negocio, “la justicia no será rehén de la impunidad”. La congresista Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) dijo que este dictamen es una respuesta directa a un conflicto que se enfrenta todos los días, ya que existen pequeños grupos que generan daño considerable en las colonias y familias, y ahora se cierra el paso a quienes forman, sostienen o dirigen asociaciones de este tipo, al fortalecer las penas y actualizando la ley para que proteja a quienes más lo necesitan, con penas mayores para quienes los dirigen, administran o supervisan, “ningún grupo delictivo se va a fortalecer impunemente”. RAZÓN DE GÉNERO El Congreso capitalino aprobó el dictamen a la iniciativa para reformar el artículo 131 y adicionar el artículo 131 bis del Código Penal para el Distrito Federal, presentada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Marina Brugada Molina. La diputada Diana Sánchez Barrios (Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente) expuso que con esta propuesta se busca armonizar de manera integral el marco penal local con los estándares nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos, igualdad sustantiva y seguridad ciudadana, para reconocer las lesiones cometidas por razones de género o prejuicio como forma agravada del delito. Explicó que para construir esta herramienta legislativa se tomó en cuenta que persisten múltiples formas de violencia en la capital, que vulneran derechos humanos, seguridad y dignidad de la ciudadanía, como es la de tipo física ejercida contra mujeres y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género o características sexuales no normativas. La congresista Sánchez Barrios dijo que estas personas comparten sistemas estructurales de desigualdad, impunidad y desprotección, por lo que es imperativo actualizar y fortalecer el marco penal para reconocer las distintas dimensiones de la violencia, sancionarlas por su impacto social garantizando el acceso a la justicia. Asimismo, comentó que la reforma permite visibilizar las motivaciones discriminatorias y garantiza una respuesta penal diferenciada y proporcional al daño estructural, sin buscar un incremento punitivo indiscriminado, sino mediante una adecuación racional que permita proteger a la ciudadanía.
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México (Newsmexico.com.mx).- La Cámara de Diputados aprobó, con la unanimidad de 467 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, en materia de cancelación y emisión de tarjetas de crédito y débito emitidas por entidades financieras y comerciales, cuya iniciativa fue presentada por el diputado Ricardo Monreal Ávila (Morena).
