La UIF bloqueó a 40 personas (25 físicas y 15 morales) vinculadas con proveedores electorales; el INE pide la intervención de la ASF

México (Newsmexico.com.mx).-  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informa que, derivado de los análisis financieros realizados en el ámbito de sus atribuciones, se determinó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes.

La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo y no implica una determinación de responsabilidad definitiva. Las personas incorporadas cuentan con los mecanismos de defensa y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

De los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el propósito de que esta autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.

La UIF reitera su compromiso con la prevención, detección y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante el análisis de información financiera y la coordinación con las autoridades competentes, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.

Como medida central ante los hechos que han derivado en revisiones y señalamientos relacionados con contrataciones institucionales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión de la función de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto correspondiente al periodo 2016-2026, y aprobó una serie de medidas  orientadas a fortalecer la integridad institucional, reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, implementación de mecanismos de denuncia y dar seguimiento específico de las contrataciones relacionadas con el Proceso Electoral Federal Concurrente 2026-2027.

Adicionalmente, avaló la elaboración de un Plan de Acción Crítico a fin de asegurar la continuidad de las contrataciones necesarias para el cumplimiento de las funciones institucionales y para la organización de la elección en curso.

Asimismo, el acuerdo define la colaboración plena del Instituto con las autoridades fiscalizadoras, la preservación inmediata de documentación física y electrónica vinculada con procesos de contratación, la integración de un inventario institucional de adquisiciones y la entrega oportuna de información a las instancias competentes.

En este marco, se establece que corresponderá exclusivamente a la ASF determinar el alcance, la muestra, los procedimientos y las modalidades de fiscalización que, en su caso, resulten procedentes.

De igual forma, se propone revisar el padrón de proveedores del INE, habilitar un mecanismo para la recepción de información relacionada con posibles hallazgos, solicitar información a otras autoridades en el ámbito de sus atribuciones y evaluar medidas adicionales orientadas al fortalecimiento de los procedimientos de contratación y supervisión institucional.

Las medidas planteadas tienen como propósito facilitar las revisiones correspondientes, fortalecer los mecanismos institucionales de control y asegurar la colaboración con las autoridades competentes. También, señala que cualquier determinación sobre presuntas irregularidades o responsabilidades deberá derivar de los procedimientos previstos en la ley, con estricto respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.

CONVENIO

El Instituto Nacional Electoral (INE) firmará este viernes 6 de noviembre de 2026 el convenio con la Fiscalía General de la República (FGR) representada por Ernestina Godoy Ramos; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar Hamid García Harfuch; el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), a cargo de Francisco Almazán Barocio; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuyo titular es Ángel Cabrera Mendoza y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares, lo anterior para evaluar el riesgo razonable e integridad de aspirantes a candidaturas.

Con la finalidad de evitar la infiltración de la delincuencia organizada o cualquier tipo de criminalidad entre los aspirantes a candidaturas en el Proceso Electoral Concurrente, el convenio de colaboración facilitará el intercambio de información para el desarrollo de las actividades relacionadas con el procedimiento de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable de aspirantes a candidaturas partidistas e independientes.

Los partidos políticos, así como las personas aspirantes a una candidatura independiente, podrán presentar de manera voluntaria los listados de quienes pretendan postular, acompañados del consentimiento informado de cada una de ellas. El INE remitirá las solicitudes a las instancias competentes, que determinarán, con su propia metodología y criterios, la existencia o inexistencia de un riesgo razonable.

El Instituto reafirma su compromiso con la autenticidad de las postulaciones y consolida la integridad de las candidaturas como un estándar estricto de probidad pública y responsabilidad democrática, así como la protección irrestricta a los derechos político-electorales.

Consejerías respaldan revisión integral de contrataciones institucionales

Durante la discusión del acuerdo, la Consejera Carla Humphrey Jordan hizo un llamado a robustecer los mecanismos de fiscalización y control del gasto institucional, al afirmar que en la revisión de adquisiciones y contratos del Instituto debe prevalecer la premisa de que “no quede nada sin revisar”. Subrayó que la ciudadanía tiene derecho a exigir explicaciones verificables sobre el destino de los recursos públicos y a conocer las acciones emprendidas ante posibles incumplimientos o fallas administrativas.

“La democracia también se honra en las cuentas que entregamos, en el orden que demostramos y en la salvaguarda del gasto que ejercemos con total transparencia y rendición de cuentas”, dijo la Consejera quien además planteó la necesidad de impulsar cambios de fondo en la gestión administrativa del organismo, al reiterar que “necesitamos más licitaciones y menos adjudicaciones directas”.

Ante “la crisis histórica más grave que ha vivido esta institución”, el Consejero Arturo Castillo Loza respaldó las medidas extraordinarias aprobadas por el Consejo General para fortalecer la vigilancia y el control institucional, entre ellas la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, la implementación de mecanismos para detectar riesgos de corrupción y la presentación de las denuncias que resulten procedentes, además de hacer un llamado a la Fiscalía General de la República para que valore las diligencias necesarias y la eventual aplicación de las disposiciones previstas en el artículo 19 constitucional para delitos de corrupción.

SANCIONES A PARTIDOS

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió 18 procedimientos administrativos sancionadores y de queja en materia de fiscalización instaurados en contra de partidos políticos, organizaciones en proceso de constitución como partido político nacional, así como personas físicas y morales proveedores; de éstos, 10 resultaron fundados y dieron lugar a sanciones que ascienden a 1 millón 177 mil 695 pesos.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Consejero Jorge Montaño Ventura, señaló que “la adecuada fiscalización fortalece la confianza ciudadana y contribuye a la rendición de cuentas”.

Detalló que las sanciones aprobadas derivan de irregularidades detectadas en materia de fiscalización, entre ellas gastos no reportados, aportaciones prohibidas, omisiones en la rendición de cuentas, reportes no veraces de operaciones e incumplimientos a requerimientos de información formulados por la autoridad electoral.

Además, se sancionan conductas vinculadas con la recepción de aportaciones en especie por parte de organizaciones que buscaban obtener su registro como partido político nacional.

Con estas resoluciones, dijo “el Instituto reafirma el compromiso institucional de verificar los recursos utilizados en la actividad política, garantizando así condiciones de legalidad, transparencia y equidad”.

Entre las resoluciones aprobadas destacan multas a los partidos políticos Acción Nacional (PAN), Morena, PAZ y Revolucionario Institucional (PRI), a la organización México Tiene Vida y a proveedores que incumplieron con el Reglamento de Fiscalización.

Se establecerán 60 oficinas municipales en 21 entidades federativas

En otro punto de la sesión extraordinaria, el pleno aprobó el establecimiento de 60 oficinas municipales, distribuidas en 21 entidades federativas y 44 distritos electorales federales, con lo que avanza la organización del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

Las oficinas municipales son órganos ejecutivos subdelegacionales que funcionan como centros de apoyo y coordinación para las actividades operativas antes, durante y después de la Jornada Electoral.

La Consejera Norma De La Cruz Magaña, presidenta de la  Comisión de Capacitación y Organización Electoral  precisó que “la lejanía de algunas sedes distritales hace necesaria la instalación de estas oficinas que permitan agilizar las tareas de capacitación electoral, apoyar las notificaciones de las personas que resulten sorteadas para integrar las Mesas Directivas de Casilla, proporcionar una base de trabajo para las y los Capacitadores Asistentes Electorales, así como facilitar la coordinación entre los órganos desconcentrados y el personal que realiza sus actividades en territorio al estar ubicadas estratégicamente en zonas de difícil acceso o muy lejanas”.

También serán espacios estratégicos para apoyar la distribución de la documentación y materiales electorales, la recepción y el traslado de los paquetes electorales durante la jornada comicial.

Al continuar con el desarrollo de la sesión, el pleno dio cumplimiento a una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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