Una pandilla de delincuentes destruyó el sistema electoral mexicano; el INE exige una depuración a fondo: Rubén Moreira

México (Newsmexico.com.mx).- Una pandilla de delincuentes estropeó el sistema electoral mexicano y destruyó la confianza que durante décadas construyeron los ciudadanos y los partidos políticos para contar con elecciones confiables, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez, al exigir una investigación profunda, auditorías integrales y una depuración de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) relacionados con la gestión de Guadalupe Taddei.

En su programa Con Peras, Manzanas y Naranjas, el legislador del PRI sostuvo que el problema va mucho más allá de una relación personal o de una licitación cuestionada, pues los señalamientos sobre proveedores, contratos y presuntas influencias en los nombramientos electorales ponen en entredicho el funcionamiento de todo el sistema.

Recordó que la credencial para votar, el padrón electoral, las urnas transparentes, la tinta indeleble, las boletas foliadas y las actas con medidas de seguridad fueron resultado de décadas de lucha para garantizar elecciones limpias. Advirtió que hoy esos avances están bajo cuestionamiento por los señalamientos sobre personas y empresas que habrían tenido acceso a información y procedimientos sensibles del Instituto.

“Una pandilla de delincuentes estropearon el sistema electoral mexicano. Porque ya lo escucharon: él hizo las credenciales. ¿Usted le cree al INE ahora?”, expresó Moreira, tras advertir sobre el riesgo que representa el posible acceso de proveedores a los datos personales de millones de mexicanos.

El legislador señaló que la problemática también alcanzó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), donde se han reportado empresas presuntamente relacionadas entre sí que obtuvieron contratos en distintas entidades. Como ejemplo, mencionó el caso de Hidalgo, donde dos contratos a favor de la empresa Cajas Graf sumarían cerca de 135 millones de pesos, además de los cuestionamientos sobre la impresión de boletas adicionales.

Ante este panorama, Moreira también exigió revisar y derogar la modificación al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), impulsada mediante una reserva del senador de Morena, Miguel Pavel Jarero, que permitió concentrar en la presidencia del Instituto facultades para realizar nombramientos sin el acuerdo de los demás consejeros. Sostuvo que la concentración de facultades debilitó los contrapesos y abrió la puerta a decisiones que hoy deben ser investigadas.

En su intervención, el economista Mario Di Costanzo calificó como extremadamente grave la situación del INE y advirtió que los señalamientos no se limitan a posibles conflictos de interés o contratos cuestionados, sino que ponen en duda la transparencia y legalidad de distintos procesos electorales.

Por su parte, el jurista Miguel Ángel Sulub Caamal expuso que una auditoría forense de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó la falta de documentación justificativa que acreditara la recepción, uso y destino de un millón 197 mil 579 materiales didácticos correspondientes a la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2024.

En su participación, Paco Lezama presentó un comparativo de seis partidas presupuestales del INE entre la elección intermedia de 2021 y los recursos propuestos para 2027. Explicó que los montos destinados a arrendamientos pasaron de 100 a 358 millones de pesos; arrendamiento de vehículos, de 200 a 700 millones; impresión de material informativo, de 183 a 351 millones; material electoral, de 454 a 667 millones; impresión de documentos oficiales, de 514 a 737 millones, y operativos y trabajo de campo, de mil 157 a mil 300 millones.

Moreira señaló que estos incrementos deben explicarse y recordó que solicitó por escrito la comparecencia de la presidenta del INE ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para dialogar sobre el presupuesto.

Finalmente, Julián Proa explicó que la modificación al artículo 45 de la LGIPE, promovida por el senador de Morena Miguel Pavel Jarero, otorgó a la presidencia del INE facultades para nombrar directamente a titulares de áreas ejecutivas y técnicas, por ello, planteó derogar esa disposición, revisar los nombramientos y contratos realizados durante la gestión de Taddei.

Rubén Moreira insistió en que no basta con una renuncia para resolver la crisis: se necesita investigar, sancionar y retirar de sus cargos a quienes hayan participado en las irregularidades, además de recuperar los contrapesos y las decisiones colegiadas. Advirtió que Morena es responsable de los cambios que concentraron el poder en la presidencia del INE y sostuvo que la institución debe recuperar su carácter ciudadano e independiente.

“Las elecciones sin confianza no son una opción. El Estado tiene el deber de dar certeza a la sociedad y a los partidos políticos”, enfatizó.

INE Y MORENA

Diputados federales del PRI exigieron esclarecer hasta sus últimas consecuencias los presuntos actos de corrupción, conflictos de interés e irregularidades en las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), al advertir que la crisis que enfrenta el organismo es consecuencia de decisiones e imposiciones políticas de Morena que han comprometido su autonomía.

Durante la comparecencia del titular del Órgano Interno de Control (OIC), Víctor Hugo Carvente Contreras, los legisladores Emilio Suárez, Carlos G. Mancilla y Arturo Yáñez señalaron la responsabilidad política de Morena en el deterioro de la institución y demandaron investigaciones completas, transparencia y sanciones para quienes resulten responsables.

El diputado Emilio Suárez Licona advirtió que la crisis institucional del INE es consecuencia de una cadena de decisiones e imposiciones que deben romperse. Sostuvo que existe una colonización del organismo por parte de Morena y señaló el caso de Carlos Daniel Luna Rosas, quien, después de colaborar con Guillermo Santiago, representante de Morena ante el Instituto, fue nombrado jefe de la oficina de la Presidencia durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Recordó que a Luna Rosas se le atribuyen señalamientos relacionados con las boletas electorales, los Servidores de la Nación y la falta de fiscalización de campañas anticipadas de Morena. Cuestionó la eliminación de decisiones colegiadas y afirmó que el gobierno y Morena deben asumir su responsabilidad política frente a los mexicanos.

Suárez Licona reprochó que los informes semestrales del OIC no hayan dado cuenta de los hechos que hoy se conocen públicamente y consideró insuficiente el formato de la comparecencia ante la magnitud del problema.

Por su parte, el diputado Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla calificó la situación del INE como una de las crisis más graves de la historia democrática del país y sostuvo que no se trata de una coyuntura mediática ni de una simple falta administrativa. Advirtió que la renuncia de Guadalupe Taddei, la salida de altos funcionarios, las investigaciones sobre contrataciones y los señalamientos de conflictos de interés obligan a esclarecer quién tomó las decisiones, quién intervino en los contratos y quién pudo obtener beneficios indebidos.

Expuso presuntas relaciones entre funcionarios del organismo y operadores de Morena. Mencionó también el caso de Daniel Luna Rosas, quien recibió 257 mil 747 pesos por asesorar jurídicamente a la representación de Morena ante el INE y posteriormente fue nombrado jefe de la oficina de la Presidencia del Instituto.

Carlos G. Mancilla puso sobre la mesa el caso de Arturo Manuel Chávez López, quien antes de convertirse en consejero electoral dirigió Talleres Gráficos de México y firmó un contrato relacionado con la producción de credenciales para votar, reportado en aproximadamente mil 300 millones de pesos. Exigió revisar el procedimiento de contratación, la competencia entre proveedores, las condiciones de adjudicación y las declaraciones de intereses.

Revisa tu horóscopo azteca