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Aprueba Congreso CDMX dictamen sobre Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
La petición tiene el propósito de ajustar el calendario y los alcances para la implementación del nuevo marco procesal civil y familiar, que permita atender las necesidades operativas, tecnológicas y jurisdiccionales que implica la transición al nuevo sistema. El dictamen también prevé notificar y remitir copia de la modificación a la Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en su calidad de Presidenta de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, para su conocimiento. Al fundamentar el dictamen, el diputado Alberto Martínez Urincho precisó que se contempla la adecuación de las etapas de entrada en vigor para diversos procedimientos en materia civil y familiar. Entre ellos, agregó, los relacionados a los juicios especiales hipotecarios; arrendamiento inmobiliario; jurisdicción voluntaria; procedimientos ejecutivos civiles orales; controversias ordinarias civiles; asuntos sucesorios, y mecanismos de justicia restaurativa. “Este Código Nacional busca dejar atrás un sistema que en muchas ocasiones se percibía lento, burocrático. Va a dar paso a uno ágil, eficiente y centrado en la persona”, puntualizó el Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino. Desde la tribuna, señaló que en el dictamen se establece que, una vez aprobadas las modificaciones al citado ordenamiento, éstas deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y el Diario Oficial de la Federación, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo transitorio segundo del decreto que expidió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. “En la Comisión de Justicia hemos constatado que las modificaciones buscan optimizar el despliegue del Código Nacional, especialmente en sus ámbitos de justicia oral y digital. Se trata de una propuesta que permitirá continuar con la prestación de servicios de justicia de calidad, garantizando al mismo tiempo su modernización en un respeto y restricto a los derechos humanos de todas las personas”, concluyó el legislador.
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