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Destaca Javier Corral avances en proyecto para expedir Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión

 

México (Newsmexico.com.mx).- El senador Javier Corral Jurado subrayó que hay avances importantes en el proyecto para expedir la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, ya que se anunció el retiro de disposiciones sobre el bloqueo de plataformas digitales y las restricciones para la publicidad extranjera, que se incluyen en los artículos 109, 201 y 202 del dictamen.

Al inicio del tercer conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el legislador precisó que se mantendrá la prohibición de publicidad extranjera, patrocinada o pagada por gobiernos extranjeros, pero con tres excepciones: actividades deportivas, actividades culturales y actividades turísticas.

Javier Corral, quien es moderador de los conversatorios y secretario de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, aseguró que es necesario impulsar una legislación que se encargue de la regulación de las plataformas digitales, ya que se trata de “un fenómeno cada vez más expansivo y con un enorme poder”.

Recordó que hace 30 años se preguntaban sobre la necesidad de regular o no a los medios de comunicación; “ahora estamos en la discusión de si se regulan las plataformas digitales, porque tienen características trasnacionales y un impacto importante en lo cultural, político, electoral y lo publicitario”.

Son, dijo, instrumentos cada vez más poderosos de intermediación, incluso con medios de comunicación y redes; por ello, consideró que esta no es la ley sustantiva, sino que se debe plantear una legislación de inclusión digital y de inteligencia artificial.

El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, José Antonio Cruz Álvarez Lima, aseguró que estos diálogos permitirán recoger de manera abierta, transparente y sustantiva las preocupaciones, propuestas y observaciones sobre el dictamen actualmente en estudio.

 

Se trata, dijo, de escuchar, reflexionar y debatir en este espacio de auténtica libertad y pluralidad, porque la búsqueda de diálogo obedece al impulso democrático que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha sugerido a este cuerpo legislativo.

Al hacer uso de la palabra, la senadora de Morena, Laura Estrada Mauro, subrayó que las plataformas extranjeras que obtienen ingresos millonarios por publicidad en México deben tener obligaciones mínimas de transparencia y corresponsabilidad fiscal, sin que ello represente una barrera para la inversión o el desarrollo tecnológico.

Ricardo Anaya Cortés, de Acción Nacional, expresó que hay avances como la eliminación del 109, 201 y 202, el permiso previo para contenidos extranjeros y la idea de que el regulador pueda ser colegiado; sin embargo, “hay cuestiones delicadas” como el que se permita que la Agencia Digital de Innovación Pública pueda ordenar la suspensión inmediata de transmisiones, así como el registro de usuarios de telefonía móvil sin orden judicial.

Del PRI, Carolina Viggiano Austria consideró que entre los temas que es necesario abordar se encuentran el de crear un marco normativo exclusivo para el ecosistema digital, valorar las afectaciones que esta regulación provocaría a los concesionarios y la forma en que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comercializará sus servicios de telecomunicaciones.

Por Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales Magdaleno dijo que es necesario contar con los datos exactos sobre los usuarios de telefonía e Internet con los que cuenta la CFE, a fin de conocer los planes y objetivos que se buscan alcanzar para el fin del sexenio.

En tanto, Fabiola Peña Ahumada, gerente para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet, ALAI, consideró que la decisión de eliminar el contenido del artículo 109 fue responsable y necesaria, para evitar riesgos para la libertad de expresión; sin embargo, planteó que los conceptos de plataforma, proveedor y servicios digitales, de los apartados 44, 56 y 67, podrían extender los alcances de la norma a servicios que no forman parte de las telecomunicaciones.

El subdirector de Estrategia Comercial de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales de la CFE, Héctor Alonso Romero Gutiérrez, consideró imperativo contar con mecanismos de interconexión y compartición de infraestructura con operadores comerciales que no sean discriminatorios, pues así se podrán llevar los servicios de comunicación, como Internet y telefonía, a comunidades apartadas.

David Pizaña Rito, vicepresidente de Comercio Electrónico de la Asociación de Internet MX, destacó como un gran avance la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, pero solicitó a los legisladores que la normatividad en esta materia sea clara, pues la ley a discusión tiene definiciones “parciales” y “dispersas” que pueden generar incertidumbre.

La abogada de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, Francia Michelle Pietrasanta Baldazo, también celebró el retiro de las disposiciones del artículo 109, aunque propuso que medidas similares no se repliquen en otras normativas ni se insista en censuras que violen la libertad de expresión; en este punto, subrayó que aún persisten disposiciones “preocupantes”, como el registro obligatorio de usuarios.

Mercedes Aramendía Falco, directora de la Alianza por una Internet Abierta en América Latina y el Caribe, enfatizó que lo contenido en el artículo 109 afectaba derechos fundamentales, inversiones y compromisos internacionales de México; a pesar de reconocer su eliminación, instó a los senadores a suprimir también el artículo 3, pues las definiciones ahí contenidas de plataformas y servicios digitales podrían generar incertidumbre jurídica.

Carlos Padilla Ríos, director de la Revista Zócalo, criticó que en la iniciativa en esta materia no se hayan hecho propuestas para incrementar el presupuesto de los medios públicos, como Canal 11 y el IMER, ajuste que consideró necesario pues cada año desaparecen programas de sus transmisiones y ocurren despidos de personal por falta de solvencia.

El director general de IAB México, Gabriel Richaud Falcon, defendió que no toda la publicidad extranjera es problemática, pues muchas marcas generan empleo y crecimiento local, por lo que una prohibición amplia podría reducir la inversión, afectar medios pequeños y limitar la pluralidad de los contenidos, particularmente en entornos gratuitos que dependen exclusivamente de la publicidad.

 

 

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