PRI vota en contra de la Reforma Antilavado porque persigue a trabajadores informales, organizaciones religiosas y opositores políticos
México (Newsmexico.com.mx).- Claudia Anaya Mota, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, aprobada por Morena y sus aliados, no combate a los grandes responsables del lavado de dinero. “No van contra los peces gordos, van contra los ciudadanos, van contra la clase más oprimida como pueden ser los trabajadores informales, van contra la clase política”, sentenció al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario.
Acusó que esta legislación instaura una cacería contra la informalidad, al reducir el umbral para considerar sospechosas ciertas operaciones en efectivo. “Es una persecución contra los depósitos en efectivo, a tarjetas de crédito, a tarjetas de prepago y a recibos de honorarios. Que efectivamente esto ya estaba considerado en la ley, pero están bajando a un tercio. No es cierto que nada más están cambiándole de pesos a UMAS; están bajando a un tercio el monto por el que se considere sospechoso”.
Añadió que basta con depositar 90 mil pesos en efectivo a una tarjeta de crédito sin tener actualizados los padrones de proveedores para ser considerado sujeto sospechoso. “Me parece que es más una persecución contra las actividades informales o contra las organizaciones religiosas o filantrópicas que contra lavado de dinero”.
Cuestionó que la Guardia Nacional sea incorporada como autoridad investigadora en temas financieros, al considerar que esto profundiza la militarización del país. Recordó que sus integrantes son militares con fuero castrense y reprochó que se les otorguen facultades para investigar operaciones de lavado de dinero. “Es militarización, es represión, es persecución, están intimidando a la gente”, afirmó.
Reprobó además que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no actúe contra los grandes lavadores de dinero, pero sí contra opositores. “No ve nada”, dijo, al referirse a los tres bancos mexicanos señalados este miércoles por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente estar relacionado a dicho delito. “México no está combatiendo al narco, México es parte del narco. Este es un narco gobierno y eso es una vergüenza”, concluyó.
Ya en la discusión en lo general, la senadora Anabell Ávalos Zempoalteca afirmó que la reforma pretende amedrentar a quienes piensan distinto al régimen, al crear un aparato de control que se usará para callar voces críticas. “Se trata del arbitrario deseo autoritario de controlar, callar y castigar a los adversarios políticos”, advirtió, al denunciar que esta legislación busca silenciar a la oposición, no frenar delitos como la trata, el narcotráfico o el secuestro.
La tlaxcalteca denunció que la reforma construye un sistema de espionaje financiero y tecnológico contra cualquier ciudadano, lo que representa un grave retroceso democrático. Señaló que el oficialismo quiere espiar teléfonos, cuentas bancarias y datos biométricos, imponer controles centralizados desde la Secretaría de Hacienda y usar los medios de comunicación como herramientas de censura. “Quieren cerrar la pinza de la persecución por todas partes”, denunció.
Ávalos Zempoalteca calificó como un absurdo que la UIF quiera asumirse como víctima del delito y advirtió que la figura de “tentativa de operación inusual” permitirá congelar cuentas sin pruebas, con base en sospechas vagas.
Acusó al régimen de usar el derecho penal como arma política y remató con una advertencia: si México continúa en esta ruta, terminará como otras naciones que se disfrazaron de democracia para instaurar un autoritarismo extremo sin contrapesos.
Por su parte, Ángel García Yáñez advirtió que la reforma presentada por Morena y sus aliados no es un instrumento eficaz contra el narcotráfico, como se pretende hacer creer, sino “una reforma excesiva que no beneficia a los ciudadanos”. Señaló que impone nuevas cargas a actores privados, sin ofrecer claridad ni respaldo, lo que afecta directamente a pequeños empresarios, notarios y prestadores de servicios. “No podemos permitir que la lucha contra el crimen se use como pretexto para restringir nuestros derechos y libertades”, afirmó.
El legislador priista denunció que el dictamen otorga superpoderes a Hacienda y a la UIF, sin controles judiciales, debilitando el derecho de defensa de los ciudadanos.
Cuestionó la inclusión de la UIF como “víctima” en los procesos judiciales, al considerar inaceptable que una autoridad pueda ser juez, parte y víctima al mismo tiempo. “La privacidad y la presunción de inocencia se verán desde luego afectadas por el monitoreo, intervención sin ninguna orden judicial”, advirtió con firmeza.
Asimismo, alertó que figuras como la “tentativa de operación inusual” permiten sanciones arbitrarias sin pruebas, con base en sospechas vagas, lo que abre la puerta a abusos del poder.
En nombre del Grupo Parlamentario del PRI, el legislador de Morelos exigió un marco legal equilibrado, con límites y supervisión independiente. “Sin ellos, no es una ley antilavado, es una ley que atenta contra los ciudadanos”, concluyó.
México (Newsmexico.com.mx).- Claudia Anaya Mota, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), advirtió que la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y al Código Penal Federal, aprobada por Morena y sus aliados, no combate a los grandes responsables del lavado de dinero. “No van contra los peces gordos, van contra los ciudadanos, van contra la clase más oprimida como pueden ser los trabajadores informales, van contra la clase política”, sentenció al fijar el posicionamiento de su grupo parlamentario.
