La FGR acusa formalmente a los "huachicoleras del PAN" ante juez del Bienestar, pero no hay nadie de MORENA

México (Newsmexico.com.mx).- La Fiscalía General de la República (FGR), luego de más de un día de audiencia, obtuvo de un juez, prisión preventiva en contra de Ernesto “N”, Ricardo “N”, José María “N”, Guillermo “N”, Juan “N”, Luis “N”, Adriana “N” y José “N”, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando.

Durante la audiencia inicial, se expusieron casi una centena de datos de prueba y el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) formuló la imputación por los ilícitos referidos.

Tras diversos recesos durante la audiencia, el MPF logró obtener, para los imputados Ernesto “N”, Ricardo “N”, José “N”, Juan “N” y Luis “N”, la medida cautelar de prisión preventiva, la cual deberán cumplir en el CEFERESO 1 “Altiplano”, en el Estado de México.

En el caso de José María “N” y Guillermo “N”, permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, mientras que Adriana “N”, quedará interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.

Luego del debate entre las partes, la defensa de los imputados se acogió a la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica.

Estas personas fueron detenidas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, como resultado del trabajo de una investigación de alta complejidad relacionada con operaciones irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en la que los imputados posiblemente participaron.

Lo anterior representa un esquema de contrabando de hidrocarburo, el cual consiste en introducir combustible al país, mediante declaraciones falsas o incompletas en aduanas, es decir, que se reporta menos de lo que realmente se transporta o se declara como si fueran otros productos para evadir impuestos.

Estas conductas delictivas generan una afectación económica directa para el país y, al mismo tiempo, constituyen una fuente de ingresos para organizaciones criminales.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

LA VERSIÓN DE GODOY

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció el desmantelamiento de la que calificó como la mayor red de contrabando de hidrocarburos detectada en México, una organización que utilizaba el sistema ferroviario para introducir combustibles desde Estados Unidos mediante declaraciones falsas en aduanas, evadir el pago de impuestos y distribuir ilegalmente el producto en diversas entidades del país.

Al presentar los avances de la investigación, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó que la operación derivó en la captura del exgobernador de Baja California, Ernesto "N", fundador de una empresa vinculada con actividades portuarias, dragados y operación de puertos, a quien la FGR identifica como parte de la estructura que dio origen al esquema criminal.

Además, fueron detenidas otras cuatro personas y se obtuvieron 25 órdenes de aprehensión, cuya ejecución continúa.

El eje central del caso no sólo radica en la detención de un exmandatario estatal, sino en que la FGR sostiene haber documentado una estructura empresarial, financiera, aduanera y logística que operó de manera sistemática para introducir combustibles al país simulando menores volúmenes o declarando productos distintos con el propósito de reducir el pago de contribuciones.

De acuerdo con la investigación, el combustible provenía de refinerías ubicadas en Texas y era introducido principalmente por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, para posteriormente distribuirse en entidades como Coahuila, Durango y Zacatecas.

La fiscal explicó que la organización declaraba únicamente 10 mil litros por carro tanque, cuando en realidad cada unidad transportaba hasta 110 mil litros, es decir, apenas reportaba alrededor del 10 por ciento de la carga real.

Una vez en territorio nacional, el combustible era descargado en espuelas ferroviarias y transferido a pipas y tractocamiones de diversas empresas que lo comercializaban sin contar con los permisos regulatorios correspondientes.

Las indagatorias permitieron establecer que 15.2 millones de litros de combustibles no fueron declarados ante las autoridades y que la organización utilizó 162 carros tanque para omitir el pago de contribuciones federales.

Tan sólo por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), la evasión estimada asciende a 88.5 millones de pesos, mientras que por IVA supera los 18.2 millones, para un daño fiscal inicial de 106.8 millones de pesos en los cargamentos analizados.

Sin embargo, al ampliar las investigaciones sobre 4 mil 238 operaciones de importación realizadas entre enero y julio de 2025, la FGR estimó un perjuicio superior a los 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública.

Otro de los hallazgos relevantes fue la identificación de una compleja red financiera utilizada para ocultar el origen de los recursos obtenidos.

La Fiscalía detectó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos en cerca de 80 cuentas bancarias nacionales, además de operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares.

Según Godoy, las cuentas presentaban el patrón característico de las llamadas "cuentas puente", mediante las cuales el dinero ingresaba y era transferido casi de inmediato para mantener saldos mínimos y dificultar el rastreo de los beneficiarios finales, además de detectar transferencias internacionales y triangulación de recursos hacia empresas extranjeras.

La investigación comenzó tras el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo en Ramos Arizpe, Coahuila, en julio de 2025.

A partir de ese decomiso, autoridades federales reconstruyeron toda la cadena logística mediante el análisis de información aduanera, fiscal, ferroviaria, financiera y corporativa, identificando una red con presencia en Baja California, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México.

Godoy destacó que del 1 de diciembre de 2025 al 15 de julio de 2026, la FGR ha llevado a proceso a 407 personas relacionadas con redes de contrabando de combustibles que operaban por vía marítima, terrestre y ferroviaria.

La fiscal aseguró que las investigaciones continuarán para ejecutar el resto de las órdenes de captura y reiteró que el Gobierno federal mantendrá la estrategia para combatir el llamado huachicol fiscal, al considerar que estas operaciones no sólo provocan pérdidas millonarias al Estado, sino que también constituyen una fuente de financiamiento para organizaciones criminales y representan un riesgo para el mercado legal de combustibles.

Revisa tu horóscopo azteca