Magistradas, especialistas e investigadores fijan posturas sobre reforma al CJF como parte de los diálogos nacionales

México (Newsmexico.com.mx).-  Como parte del quinto foro de los Diálogos Nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial organizados por la Cámara de Diputados, participaron magistradas, representantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), especialistas e investigadores, quienes fijaron sus posturas sobre el tema “Reforma al Consejo de la Judicatura Federal: Tribunal de Disciplina Judicial y Órgano de Administración”.

Al moderar el diálogo realizado en Xalapa-Enríquez, Veracruz, la diputada de Morena, Raquel Bonilla Herrera, expuso que, en todo sistema democrático, es indiscutible contar con un Poder Judicial independiente, donde sus integrantes estén preparados con el conocimiento de leyes y cercanos a las problemáticas de la ciudadanía.

División solo se centra en funciones de disciplina y administración

La magistrada consejera de la Judicatura Federal, Lilia Mónica López Benítez, argumentó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial propone sustituir al Consejo de Judicatura Federal en un Tribunal de Disciplina Judicial y en un Órgano de Administración Judicial, por lo que la propuesta de división se centra solo en las funciones de disciplina y administración, perdiendo de vista las de vigilancia, inspección, controlaría e investigación.

Comentó que entre 2018 y 2024, a través de sus tres órganos auxiliares encargados de la vigilancia y disciplina del Consejo, se sancionó a 264 personas con funciones jurisdiccionales, entre las que están 49 jueces de distrito y 62 magistrados de circuito, con sanciones que van desde apercibimientos hasta destitución e inhabilitación, y se presentaron en ese periodo ante el ministerio público 20 denuncias por diversos hechos con apariencia de delito.

La ciudadanía, aclaró, puede presentar quejas o denuncias en contra de personas servidoras públicas de la Judicatura Federal, mediante un buzón disponible en Internet, “por lo que, contrario a lo que señala la exposición de motivos, no se trata de una facultad reservada para la Suprema Corte, sino para toda persona interesada”.

Con la división del Consejo se pierde integralidad en las determinaciones, cohesión de información y gobernanza. Lo preocupante es que se busca que el Tribunal de Disciplina revise si las o los juzgadores se excedieron en el ejercicio de la función jurisdiccional. “Las personas juzgadoras estamos obligadas a resolver con fundamento en el marco constitucional, legal y convencional”. Además, la creación de un Tribunal de Disciplina no cambiaría esa obligación y el Órgano de Administración pone en riesgo la comprensión del acceso a la justicia y la carrera judicial. 

Se requiere una reforma, pero al sistema de justicia en general

Hortencia María Emilia Molina de la Puente, magistrada del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, reconoció que se requiere una reforma, no de los poderes judiciales, sino del sistema de justicia en general, pero estructural, seria, responsable, sin prisas ni sesgos. “Hoy, la discusión de una reforma judicial que destaca la destitución masiva de juezas y magistradas, jueces y magistrados, pareciera hacernos retroceder no solo décadas en la impartición de justicia, también nos revota a espacios ganados como la meta de alcanzar designaciones paritarias en los órganos de justicia”.

La elección popular, indicó, además de posibilitar la existencia de conflicto de intereses, no ha garantizado en los otros dos poderes la ausencia de corrupción en las personas electas. La creación del Tribunal de Disciplina en los términos propuestos implica “una amenaza latente para las personas juzgadoras que atentaría directamente contra la independencia judicial”. Por ello, es imperativo trabajar de manera conjunta en la construcción de un nuevo modelo de justicia y para ello se requiere analizar los objetivos que se buscan alcanzar con la reforma.  

Coincidió en que abatir la corrupción y juzgar con perspectiva social, así como garantizar una impartición de justicia pronta y expedita son objetivos loables para buscar una justicia que garantice los derechos humanos de todas las personas, que sin duda la sociedad requiere. “México merece que el análisis sea real y no político, que dejemos atrás posturas políticas y egos mal entendidos, que las propuestas sean serias y se alejen de soluciones simplistas, que participemos todas y todos los involucrados”.

No se debe desmantelar al Poder Judicial

Nadia Villanueva Vázquez, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en materia civil del séptimo circuito, dijo que se quiere llevar a cabo una destitución o cese de casi mil 700 juzgadores federales sin que se les escuche en un juicio previo. “Somos personas que venimos en una carrera judicial de 10, 20 o 30 años en el servicio en el Poder Judicial de la Federación y hemos sido parte de procesos de selección mediante exámenes donde se nos examina a fondo”.

Indicó que son un poder transparente y su función está publicada en las páginas del Consejo de la Judicatura Federal, en donde cada mes rinden una estadística en la cual se establece cuáles son sus egresos e ingresos de asuntos. “Quiero mencionar aquí, que si bien es cierto estamos de acuerdo en que debe de existir una reforma para el mejoramiento y fortalecimiento del Poder Judicial, pero no para su desmantelamiento”.

Trabajar en equipo, con un sistema integral

La magistrada de Circuito Selina Haidé Avante Juárez, adscrita al Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar de la cuarta Región con residencia en Xalapa, comentó que, en el tema de nepotismo, se tiene un Comité de Integridad que informa permanentemente a quién van a nombrar y si es a un familiar de un compañero o compañera, y son revisados de manera muy estricta estos nombramientos.

Negó que haya tráfico de influencias, porque “para eso está la colegiación y la vigilancia permanente; tenemos un sistema electrónico en el que somos monitoreados todos los días en toda la jornada laboral. La actualización tampoco está en juego, tenemos que realizarla permanentemente y con altos niveles de exigencia. Estos son los controles estrictos correctos y funcionales que existen para los juzgadores federales”. 

Esto significa, afirmó, que las premisas de la reforma no son tales y no se van a solucionar si se saca lo que funciona. Planteó trabajar en equipo, con un sistema integral, fiscalías y justicia local, así como darle más juego al sistema de oralidad y establecer sistemas de arbitraje. “Claro que tenemos que mejorar cosas, pero la forma de mejorarlo es hacerlo juntos”.

La reforma del Ejecutivo significa un gran retroceso jurídico

La secretaria Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, María Gabriela Rolón Montaño, expresó que la propuesta planteada por el Ejecutivo Federal significa un retroceso jurídico; por ello, se debe reflexionar con profundidad, responsabilidad y conciencia colectiva, a fin de dejar un mejor México para las próximas generaciones.

Para eficientar el sistema de justicia actual, señaló, se debe implementar un mecanismo para que un ente público asesore a los denunciantes o víctimas durante la elaboración de las quejas y el procedimiento administrativo, con el propósito de proporcionar elementos idóneos para la investigación y la sanción de conductas reprochables. Solicitó que se consideren los avances a través de los medios tecnológicos para la celebración de audiencias mediante videoconferencias y el sistema de justicia en línea, es decir, “no todo está mal, aunque sí puede ser perfectible”.

El sistema de disciplina presenta limitaciones

Laurence Pantin, directora general de la Fundación para la Justicia (FJEDD, sostuvo que el actual sistema de disciplina en el Poder Judicial presenta limitaciones, en particular, por su opacidad. “Creemos que la idea de un Tribunal de Disciplina Judicial independientemente de la Suprema Corte y del órgano de administración podría representar ciertas ventajas, aunque la manera en que está planteado en la iniciativa implica riesgos”.

Comentó que en el tema de las causales propuestas en la iniciativa para investigar y, en su caso, sancionar los funcionarios judiciales, son muy generales y ambiguas ya que contemplan actos u omisiones contrarias a la ley, el interés público o a la adecuada administración de justicia que incluya actos de complicidad y encubrimiento de presuntos delincuentes.

Crear estructuras propiciaría fragmentación del Poder Judicial

El integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Manlio Fabio Casarín León, consideró que el proceso de elección popular compromete y vulnera las garantías y estándares nacionales e internacionales de independencia e imparcialidad, la capacidad técnica, autonomía e independencia de la rama judicial; los procedimientos de disciplina judicial deben respetar las garantías sustantivas y adjetivas de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva, a partir de la independencia e imparcialidad de las y los magistrados.

Añadió que con el sistema de nombramientos de magistrados se crean incentivos perversos para la aplicación selectiva de la ley y la justicia, es decir, expedites para sancionar a personas juzgadoras cuyas decisiones no se ajusten a las preferencias políticas en turno o la parálisis ante coincidencias o afinidades políticas. Se pretende crear dos estructuras orgánicas paralelas con diferentes cabezas, lo cual sumado a lo que atenta la Corte, puede propiciar una fragmentación peligrosa del Poder Judicial, traducida en una multiplicidad de disfuncionalidades.

Ha funcionado el sistema de méritos y exámenes de oposición

Jacobo Mérida Cañaveral, doctor en Derecho e Investigador, mencionó que esta es una reforma política, esto es, el ejercicio del poder del Estado mexicano a través de la función judicial. Llamó a preguntarse qué tipo de juez se quiere o qué tipo de juez se está tratando de crear. “Hay que reconocer que ha funcionado el sistema de méritos y exámenes de oposición y ha generado certeza, pero el Poder Judicial requiera una reforma amplia y profunda”.

Por ello, comentó, el tema sobre la elección lleva a analizar la legitimación y sensibilización social. El Tribunal de Disciplina, señaló, se ve como una cuestión de especialización de la función de la Corte, pero requiere revisarse lo inatacable de sus resoluciones y que sea constituido por integrantes que tienen otra concepción de la justicia; de ahí que el método de elección se incluya dentro o a la par del mérito y los exámenes de oposición.

La propuesta es una reforma política

A su vez, Marco Barrera Vázquez, abogado y activista de derechos humanos, consideró que la propuesta de reforma “no es orgánica, toda vez que ya hubo en su momento reformas judiciales orgánicas en la era contemporánea, y tampoco es judicial, pues fue en 2011 la constitucional y a la Ley de Amparo. Esta es una reforma política, y “hay que entender que va a cambiar el Poder Judicial Federal”. 

La carrera judicial, explicó, hace honor a los principios constitucionales de excelencia, profesionalismo, imparcialidad, objetividad, que deben reunir los servidores públicos. “Es el único servidor público en la Constitución al que se le exige que sea excelente”. Sostuvo que no es necesaria la carrera judicial, “en Italia y en Francia son absolutamente minoritarios jueces”, pero la integración es plural, las preside la independencia judicial y está encomendada al presidente de Estado, porque es muy delicada la función que hacen.

Que Tribunal Disciplinario no sea “Santa Inquisición” persecutoria

Flor Rocío Méndez Arrieta, catedrática en la Universidad Euro Hispanoamericana en Xalapa, Veracruz, mencionó que la selección de jueces debe basarse en criterios objetivos y transparentes que consideren el desempeño profesional de sus candidatos y que éstos no estén sujetos a destitución por sus decisiones judiciales, por lo que confío que el Tribunal disciplinario planteado en esta reforma no sea una “Santa Inquisición” persecutoria.

Argumentó que estas modificaciones normativas más que una mejora son una demolición del sistema actual, ya que buscan alterar los principios fundamentales que garantizan que los órganos de justicia operen con independencia; por ello, propuso ampliar la representación del Consejo de la Judicatura Federal para incluir a académicos, representantes de la sociedad civil y colegios de profesionales, otorgar autonomía presupuestal, impulsar la paridad de género y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas.

Oportunidad para trabajadores del Poder Judicial

El secretario general de la Sección 34 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Enrique Galicia López, indicó que como personal operativo y de mandos medios se debe ver esta iniciativa de reforma como una enorme oportunidad de obtener mejores condiciones de trabajo con verdadera justicia y equidad, con la posibilidad de que el presupuesto tenga una administración eficiente para que cada año obtengan aumento salarial.

Añadió que con el Tribunal de Disciplina Judicial que se proyecta se resuelve con autonomía, justicia, equidad y prontitud los asuntos acumulados que existen. Además, comentó que la carrera judicial no debe desaparecer; sin embargo, la elección de estos cargos da la oportunidad de elegir a los jueces, magistrados y ministros a personas que tengan evidentemente capacidad técnica y profesional.

Esta reforma es riesgosa para los derechos humanos

Luis Tapia, profesor en la Universidad Iberoamericana, manifestó que el sistema de justicia requiere una reforma ya que existe una situación de discriminación estructural en el acceso a la justicia. “Las personas que menos tienen ven a la justicia como lejana a su realidad cotidiana; sin embargo, una reforma al sistema de justicia requiere partir de la evidencia, de un diagnóstico sustentado y no de iniciativas y propuestas que lejos de mejorarlo, lo empeoren”.

Añadió que esta iniciativa es incompleta, queda a deber por sus ausencias y además es riesgosa para los derechos humanos de las personas. “Es necesario reformar la manera en que se investigan las posibles responsabilidades en que pudieran incurrir juezas y jueces al realizar labores jurisdiccionales, evidentemente sí, la ciudadanía debe ser informada de cómo puede denunciar actos de corrupción judicial, y los mecanismos deben de ser sencillos y de fácil acceso”.

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