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| Fundado 24 de marzo de 2008 | 25 de febrero del 2026 |
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Embajada Británica y el Laboratorio Electoral presentan protocolo de atención sobre riesgos para las candidaturas
Con la presentación de este Protocolo y las recomendaciones que se exponen, se busca fortalecer la integridad de los procesos electorales y garantizar condiciones de seguridad, legalidad y confianza democrática. En las recomendaciones dirigidas a los tres órdenes de gobierno y a los actores competentes, se hace una propuesta de actuación desde la preparación del proceso electoral hasta el periodo postelectoral. En ese sentido, en un inicio se propone la elaboración de un mapa de riesgos electoral como herramienta de inteligencia preventiva, con información de autoridades, resoluciones judiciales y organizaciones de la sociedad civil, que permita identificar zonas y patrones de riesgo. Asimismo se subraya la necesidad de continuar fortaleciendo la coordinación y competencias operativas entre los distintos niveles de gobierno, reforzando la actuación federal y estatal en zonas de alto riesgo y transformando las mesas de seguridad para potenciar su capacidad operativa y de respuesta. Las recomendaciones también incluyen la corresponsabilidad de los partidos políticos, quienes deben fortalecer sus filtros de selección de candidaturas y evitar la postulación de personas con vínculos criminales. En materia de educación cívica, se propone impulsar campañas de concientización para visibilizar la violencia electoral como un delito, así como la creación de redes de alerta temprana y monitoreo ciudadano que permitan identificar riesgos antes de que escalen a agresiones. Además se plantea una guía básica de autocuidado para aspirantes y candidaturas, enfocada en la identificación de riesgos territoriales, la reducción de rutinas predecibles y el cuidado de la información y comunicaciones digitales, así como el establecimiento de una Red de apoyo. Durante las campañas, se recomienda garantizar la aplicación efectiva de los protocolos de protección y atención, así como la investigación y sanción de los casos de violencia. Ambos organismos subrayan que la violencia electoral puede extenderse al periodo postelectoral, por lo que se plantea mantener medidas de protección, garantizar la seguridad de autoridades judiciales y asegurar la reparación integral a las víctimas.
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