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Congreso CDMX aprueba reformas normativas para elección de personas juzgadoras

 

México (Newsmexico.com.mx).- El Congreso local aprobó modificaciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley Procesal Electoral, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, en materia de elección por voto popular de las y los jueces y magistrados.
En el dictamen aprobado se establece que las personas juzgadoras deberán sujetarse a los requisitos, reglas y procedimientos establecidos en la Constitución Federal, la Carta Magna local, al Código Electoral y demás normativa aplicable; y que los partidos políticos no podrán vigilar y supervisar el mecanismo para ejercicio del voto de las personas en estado de postración y no podrán ser integrantes del Consejo Distrital.

De la misma manera, se especifica que las personas candidatas deberán presentar su declaración patrimonial, no estar inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, en el de Personas Agresoras Sexuales, en el de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, ni haber sido condenado por el delito de violencia familiar en cualquiera de sus modalidades.
En el proceso de discusión, las y los congresistas aceptaron la reserva al artículo 465, fracción V del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por la legisladora Tania Nanette Larios Pérez (PRI) quien señaló que se incorpora de forma explícita la fase de calificación de las elecciones judiciales, porque en este proceso no debe haber cabida a cualquier irregularidad “la calificación no es un simple trámite, es un derecho fundamental electoral para todos aquellos que ejercen su voto. Esta calificación no es un lujo, es una necesidad”, dijo.

También validaron la reserva al artículo 469 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, propuesta por el congresista Royfid Torres González (MC) para homologar lo aprobado en la reforma constitucional con el texto del artículo 469 para que los listados aprobados por los poderes de la Ciudad de México sean remitidos al Congreso en el mes de febrero del año de la elección que corresponda en los términos establecidos en la convocatoria.

Sin embargo, el pleno determinó no considerar la moción suspensiva propuesta por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar (MC), quien la sustentó al señalar que la reforma no se sometió a consulta de las personas con discapacidad, cuya omisión podría invalidar la modificación.
Al fundamentar el instrumento legislativo a nombre de las Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Pedro Haces Lago (MORENA) dijo que se deberá trabajar en conjunto para que se elija a personas que antepongan la justicia sobre cualquier otro interés, que defiendan la verdad sin temores ni condicionamientos, pero sobre todo, que protejan los derechos de cada ciudadana y ciudadano con firmeza y dedicación.
“Necesitamos juzgadores que no se dejen influenciar por intereses y presiones externas, que estén comprometidos con el bienestar de cada persona, sin importar su origen, condición económica o ideología”, aseveró.
Al explicar su voto particular, el diputado Ricardo Rubio Torres (PAN) propuso que las personas candidatas puedan difundir su perfil y no sólo su trayectoria, como se establece en el artículo 475 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales; además propuso modificar el artículo 123 de la Ley Procesal Electoral, para que el juicio de protección de los derechos político electorales no sólo sea interpuesto por quien tenga un interés jurídico, sino también por quien tenga interés legítimo.

Al exponer su voto particular, el diputado Royfid Torres González (MC) señaló sus razones para oponerse a esta reforma y argumentó las oportunidades para mejorarla y lograr una reforma integral que cambie de fondo al sistema judicial. Consideró que en la capital hay incertidumbre ante esta elección y los detalles para garantizar un proceso sólido y transparente, y darle legitimidad democrática.

Al razonar su voto, la legisladora Yolanda García Ortega (PVEM) comentó que este dictamen garantiza un proceso electoral claro, ordenado y transparente para la elección de las personas juzgadoras del poder judicial; y aseguró que el porcentaje mínimo de renovación no será menor al 40 por ciento de las personas magistradas ni el 25 por ciento de las personas juezas.
Al sostener que con estas reformas el Congreso local asume su responsabilidad histórica dando certeza jurídica al procedimiento por el cual serán electas las personas juzgadoras, el congresista Ernesto Villarreal Cantú (PT) comentó que se deben erradicar las ideas elitistas y restaurar la legitimidad de esta institución.

El diputado Alberto Martínez Urincho (MORENA) señaló que este dictamen es completamente conforme a la Constitución local, y que la elección que se plantea es una herramienta para que el pueblo pueda participar de la reforma al poder judicial, conforme al mandato del pueblo, que busca acceder a la justicia, y se dé a cada quien lo que corresponde, “el pueblo de México está listo para la reforma al poder judicial”.

 

 

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